Entrevista a JAVIER CORRAL JURADO, EX SENADOR DE LA REPUBLICA
La democracia depende del fallo a la ley Televisa
La Corte puede dar una gran lección al Ejecutivo y al Legislativo
Revela que existe una grabación del exhorto de Manuel Espino a los parlamentarios panistas para que en 2006 votaran en favor de esa normativa, porque así convenía a Felipe Calderón
ANDREA BECERRIL


De la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la ley Televisa depende el futuro de la democracia en México. Los ministros pueden dar una gran lección a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que "terminaron doblegados ante la presión y el chantaje de las televisoras", advirtió Javier Corral Jurado, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con La Jornada respondió al dirigente nacional de su partido, Manuel Espino, quien días antes le exigió probar que se hubiera presionado a los panistas para votar en sus términos la polémica legislación de medios electrónicos: "Qué mayor presión para un militante de Acción Nacional, que le digan que de la aprobación de una ley depende que su candidato presidencial triunfe, que sin Televisa no ganamos".

Corral recordó a Espino la existencia de una grabación de ese debate de ocho horas, del 21 de marzo de 2006, en el que el dirigente, "en nombre del sistema nacional PAN", pidió al grupo legislativo, encabezado entonces por Héctor Larios, el voto en favor de la ley Televisa, porque así convenía a Felipe Calderón.

A su juicio, Espino, Larios, la ahora secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y los otros actores políticos involucrados "en este proceso tan penoso", deben seguir el ejemplo de Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y rectificar.

Aun si la Corte declarara sólo parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, como se propone en el proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, "será una avance fundamental, para hacer luego una corrección mayor, que quedará a cargo del Congreso".

Sin embargo, reconoció, se requieren los votos de ocho ministros.

Representante común, junto con el priísta Manuel Bartlett, de los 47 senadores de las fuerzas políticas que presentaron hace un año la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, Corral Jurado advirtió que ha sido una "larga y dura batalla contra intereses muy poderosos, pero están satisfechos y confían en que los ministros, libres de presiones indebidas y de chantajes, asuman su papel histórico de garantes de la Constitución, pero también de árbitros de la transición política frente a los poderes fácticos".

La presencia constante de funcionarios y emisarios de Televisa en la SCJN, intensificada luego de que se divulgó la propuesta de resolución, "comprueba su autoría en el diseño de la ley; asisten sin tener representación alguna en el proceso, porque son los principales beneficiarios de la legislación", advirtió Corral.

Consideró vergonzoso que dos senadores, Federico Döring (del PAN) y Javier Orozco (del Partido Verde Ecologista de México), "estén reducidos a la defensa de estrictos intereses particulares, en uno de los mayores despojos que se ha intentado cometer contra la nación".

-Espino sostiene que no dio instrucción a los senadores para que aprobaran en sus términos la ley Televisa y hasta le exige que pruebe sus dichos -se le plantea.

-A mí, el presidente nacional de mi partido no me va a hacer pasar como mentiroso. Si él quiere, revelo los contenidos exactos del debate que se dio la tarde-noche del 21 de marzo de 2006. Hasta ahora he mantenido en términos de confidencialidad esa discusión brutal que se dio, en lo que fue uno de los días más tristes de mi vida, por los argumentos esgrimidos. Espino debe recordar que ese debate está grabado, fueron ocho horas de discusión y todas están grabadas.

-Al otro día, el 22 de marzo, La Jornada publicó una nota informativa, con versiones de algunos
senadores de que Espino les pidió aprobar la ley Televisa, porque la televisora se comprometía a hacer la campaña a Felipe Calderón que le permitiría ganar. ¿Así fue?
-Sí. No puede haber presión mayor para un legislador que le digan que de la aprobación de un una ley depende el triunfo del candidato presidencial, que la posibilidad de llegar o no a Los Pinos depende de esto, y que "sin Televisa no ganamos".

Corral aclaró que él no se dejó presionar y votó en contra en la reunión con Espino y al otro día declaró que la decisión de la bancada panista de apoyar en sus términos la ley Televisa fue por criterios de estricto carácter electoral. "Pero que la presión cayó al grupo, ¡le cayó!". La mayoría se sumó a la petición de Espino, a pesar de que el grupo legislativo había acordado en una reunión plenaria, celebrada poco antes -en Morelos- 13 modificaciones de fondo a la ley, ya que ésta, en palabras del entonces coordinador, Héctor Larios, requería de "una cirugía mayor", por contener insuficiencias, deficiencias y aberraciones.

Advirtió luego que Espino va en contra "del momento de la rectificación" de actitudes, como la asumida por el ahora coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, quien reconoció públicamente que la ley Televisa se impuso por presiones electorales.

"A Creel -dijo- hay que reconocerle que es el primero que tiene la valentía de rectificar, luego de un proceso de reflexión de su actuar político y gubernamental". Es un ejemplo que deberían seguir Espino, Larios, Vázquez Mota y "los demás actores políticos que estuvieron involucrados en este proceso tan penoso".

Corral sostuvo que los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y PAN, así como sus candidatos presidenciales son responsables de la aprobación de la ley Televisa, "no sólo por su silencio, sino por el visto bueno que dieron a la legislación en distintos momentos". Hubo quien rectificó, el PRD en el Senado, y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pero, todos, recalcó, "fueron rehenes de ese principio absurdo de no pelearse con la televisión, con la valoración de que la necesitaban para ganar".

Los políticos, insistió, seguirán como rehenes de las televisoras si no reconocen que legislar en materia de medios de comunicación es uno de los temas torales de la reforma del Estado.
Comentó que la ponencia del ministro Aguirre Anguiano significa de alguna manera "un triunfo de carácter moral, jurídico y político", para la minoría que presentó la acción de inconstitucionalidad, toda vez que les da la razón en la objeción central, contenida en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, de que se creó un régimen privilegiado para los actuales concesionarios, en especial para los dos televisoras, lo que reforzará la concentración monopólica de los medios.

Es reconfortante, agregó, que el ministro Aguirre Anguiano retomara intervenciones completas de quienes la madrugada del 30 de marzo de 2006 argumentaron una y otra vez, en la tribuna del Senado, sobre las consecuencias negativas de la legislación, sin ser siquiera rebatidos por una mayoría decidida a aprobar por consigna la ley Televisa.

Sin embargo, dijo, se desestimaron algunas de las peticiones de inconstitucionalidad, como el refrendo automático, a perpetuidad de las concesiones y las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Esos temas, adelantó, se tratarán de recuperar en la discusión con los ministros.

Hizo notar que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, "ha tenido una actitud muy transparente, muy moderna, que se le debe reconocer, al decidir ventilar la discusión, hacerla pública". Con ese criterio, decidió abrir dos sesiones de audiencias públicas conjuntas, una hoy, en que recibirá a todos aquellos en favor de la ley Televisa y el martes a los contrarios.
Buena parte de los 47 ex senadores que interpusieron la demanda estarán con Ortiz Mayagoitia el martes, pero, opinó Corral, "lo interesante es ver quiénes acuden hoy, ya que a Televisa le sobran asesores y cabilderos".

Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox

La actitud protagónica del ex mandatario contaminó el proceso de 2006, señala
Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox
Asegura no saber quién ordenó o pagó 30 por ciento de la propaganda en medios electrónicos
ALONSO URRUTIA

Con la fiscalización de las campañas casi concluida, el presidente el Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el impacto de la mediatización de la contienda que se desprende de la indagatoria: ''Enfrentamos un fenómeno inédito por su magnitud. Hablamos de que 30 por ciento de la propaganda política que se transmitió en 2006, no sabemos quién la pagó, quién la ordenó. Eso significa que 30 por ciento del gasto en medios no está completamente comprobado''.

Dado que ''80 por ciento de los recursos de campañas se gastaron en medios, será útil reflexionar sobre estas situaciones indeseables para la democracia, que será a futuro el punto medular de la fiscalización''. Por eso, se abrirán procesos oficiosos para deslindar responsabilidades. ''¿Quién va a ser el responsable de esos 200 mil espots (sin justificar)?, es la pregunta clave para el IFE. Nosotros tenemos 30 mil dvd grabados que acreditan su difusión''.
La autoridad emplazará a los partidos, obligados por ley para rendir las cuentas; igualmente se auxiliará de autoridades federales y estatales; requerirá a los consorcios de medios de comunicación a informar sobre la ''grave enfermedad'', porque ''creo que en ellos -los medios- deberá estar el principal interés por transparentar su relación con los partidos''.

Comentarios alegóricos, irresponsables, indeseables...
En entrevista con La Jornada, Ugalde no elude referirse a otros saldos de la contienda, y en referencia al comportamiento del presidente Vicente Fox subraya: ''Su actitud protagónica, sus comentarios alegóricos, si bien no fueron ilegales sí contaminaron el proceso, contribuyeron al encono y provocaron un clima de enfrentamiento político. Fueron actitudes irresponsables, indeseables en un jefe de Estado, a pesar de que fueron legales. Me hubiera gustado que se comportara de manera ética y responsable''.

-¿Fiscalización a cambio de permanencia de los consejeros?
-Son fenómenos desligados; las decisiones no se adoptan con base en consecuencias políticas.
Sin embargo, a pregunta expresa sobre las voces que pedían su renuncia por los sucesos de 2006 sostiene que centrar la responsabilidad de lo sucedido en las personas es trivializar el debate.

Sin mediar autocrítica, Ugalde sostiene que al IFE no se le puede juzgar por haber actuado dentro de un marco legal que no estaba acorde con los requerimientos de estas campañas. ''No se puede juzgar a la autoridad con base en un reglamento idealista que hubieran querido que existiera entonces; actuamos conforme al marco legal que el Congreso determinó para 2006. Al instituto no se le puede exigir a posteriori su actuación respecto de comportamientos que no estaban previstos''.

Lo fundamental, agrega, es discutir el marco legal que hubo en 2006 y el margen que daba para arbitrar conflictos. Por qué el marco institucional generó cierta polémica y cierto comportamiento durante los procesos. Si todo se reduce a los humores de las personas estaríamos trivializando el debate, porque los consejeros actuaron conforme al marco legal vigente, aunque no quiere decir que este sea el óptimo. ''He dicho que se requieren cambios''.

-¿El saldo de la fiscalización?
-Las campañas se han ido mediatizando cada vez más. Es probable que el reporte que rendirá el IFE refleje que cerca de 80 por ciento de los gastos fueron a parar a radio y televisión, lo que significa que en realidad es una fiscalización al gasto en medios.
''Es necesario reflexionar sobre la vinculación entre medios, partidos, sociedad y los poderes del Estado. Ello será relevante para el futuro de la democracia. Hay un fenómeno inédito en donde no hay una explicación satisfactoria de los partidos e iremos al fondo''.

-¿Hubo complicidades entre medios y partidos?
-No quisiera adelantar explicaciones, sólo describir el estado de la enfermedad. No es mi papel dar una explicación, sino denunciar el síntoma de un problema de fondo.
-El IFE no tiene medidas de apremio para solicitar informes a los medios.
-Sería clave que el instituto tuviera medidas de apremio directas con los medios para hacer estas investigaciones. Mientras carezca de ellas, las facultades de investigación son limitadas; podemos hacer exhortos, solicitudes de cooperación, pero las facultades investigadoras son limitadas.

-¿Es algo similar a los impedimentos que marca el secreto bancario y que incidieron en las indagatorias a los Amigos de Fox?
-Es una analogía interesante. En materia de medios de comunicación podríamos dar mejores cuentas si tuviéramos cooperación obligatoria. Evitaría triangulaciones y habría información más directa.

-¿Se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio por parte de Televisa y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión?
-Eso habla de que un acuerdo de buena voluntad es una situación limitada para el IFE. ¿Le sirvió al instituto la información que enviaron? Sí. ¿Hubiera sido mejor tener más? Por supuesto. La solución es cambiar la ley para que haya obligaciones de los medios y entreguen la información.

-¿Detrás de los 200 mil espots no justificados podrían estar aportaciones ilegales de empresarios o bonificaciones de medios prohibidas por ley?
-De las investigaciones pueden derivarse una serie de irregularidades de partidos, delitos electorales o de otro tipo, pero el IFE no puede adelantar hipótesis, sino señalar que tenemos síntomas de una enfermedad muy grave. El hecho es que las campañas se pelean más en los medios, por ello a éstos les conviene contribuir a transparentar los recursos, porque así se mostrarán como empresas socialmente responsables.

-¿Esas empresas incidieron en la equidad de la contienda?
-Los espots corresponden a todos los partidos y a todas las campañas.
A Ugalde no le preocupa el frente común de los organismos políticos para enfrentar la fiscalización, ''porque eso habla de que realmente estamos siendo imparciales. Si hubiera queja de uno u otro podría especularse sobre parcialidad''.

Al abundar sobre el saldo de la elección, el presidente del IFE sostiene que la remoción de los consejeros sólo sería una forma de debilitar las instituciones, porque si la confianza en la autoridad de los partidos es tan volátil y cambiante, y se remueve a los consejeros cada que esto sucede, ello no fortalece a las instituciones.

A pregunta expresa sobre si Elba Es-ther Gordillo fue pieza clave en su llegada a la presidencia del instituto sostiene: ''La señora era coordinadora parlamentaria en 2003; fuera de ese momento político no ha habido ninguna influencia o intervención que haya tenido la señora Gordillo en el IFE. Hay una especulación que sugiere que esta persona tiene influencia. No he tenido ninguna comunicación, verbal o telefónica (con ella), desde hace más de dos años''.

Excélsior, Televisa y Tv Azteca, los medios beneficiados por las autoridades
Exige la Auditoría Superior sancionar a funcionarios que toleraron elusión fiscal
JUAN ANTONIO ZUÑIGA , VICTOR CARDOSO


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincar "responsabilidades administrativas sancionatorias" en contra de los funcionarios públicos que por actos u omisiones no llevaron a cabo acciones para combatir la elusión fiscal.

En el más reciente reporte de la cuenta pública, la ASF constató que los pagos por recuperación de créditos fiscales en 2005 representaron apenas 1.1 por ciento de la recaudación tributaria obtenida ese año y 1.7 del saldo de los recursos que en forma de créditos no han ingresado al erario público, cuyo monto se elevó en 100 mil 405 millones de pesos durante ese año, hasta ascender a 495 mil 807.9 millones.

El monto de los ingresos recuperados en 2005 fue de 8 mil 522 millones de pesos, indicó la ASF. Entre 2001 y 2005, precisó, "los créditos controvertidos sumados a los de baja probabilidad de cobro significaron 80.1 por ciento" del total.

En tanto, fuentes del SAT que solicitaron el anonimato informaron que Gallos Blancos de Querétaro y Santos-Laguna son dos de los cuatro clubes de futbol que, con 79 créditos fiscales, adeudaban al fisco en 2005 casi 2 mil 179 millones de pesos en impuestos no pagados.
Las mismas fuentes afirmaron que Excélsior es la compañía editorial a que hace referencia la ASF en su informe especial sobre "Créditos fiscales otorgados por el Servicio de Administración Tributaria". Esa empresa editorial, actualmente propiedad de Olegario Vázquez Raña, acumulaba 40 créditos fiscales en 2005, por un monto de 2 mil 675 millones 476 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto a las dos cadenas televisivas a que se refiere la ASF en su reporte especial, las fuentes informaron que se trata de Televisa y Televisión Azteca, las cuales "registraron créditos por mil 521 millones 821 mil 200 pesos".

En su informe de resultados, la ASF reveló también que en 2005 se determinaron 662 mil 570 créditos fiscales, de los cuales 11 mil 29 -1.7 por ciento del total- fueron otorgados a grandes contribuyentes, quienes quedaron sin pagar ese año impuestos por 37 mil 621 millones de pesos mediante ese mecanismo. Esa cantidad representó 37.5 por ciento del total, que por 100 mil 405 millones dejó de ingresar a la hacienda pública federal.

Por lo que se refiere a los "Importes recuperados de los créditos fiscales", del saldo por 8 mil 522 millones de pesos existente en 2005, la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT logró cobrar 14 millones, es decir, 0.2 por ciento del total, según el oficio número 331-SAT-V-059 del 31 de enero de 2007.

Como resultado de los trabajos de investigación sobre el "Combate a la elusión fiscal", la ASF solicitó al SAT un informe de las acciones desarrolladas en 2005 para combatir ese fenómeno. En respuesta, el SAT envió el "Reporte anual 2005 y líneas estratégicas 2006", pero en la revisión de ese reporte la Auditoría Superior de la Federación constató que "no se incluyeron las acciones y los resultados sobre la elusión fiscal que argumentó la entidad fiscalizada".

La ASF concluyó "que el Servicio de Administración Tributaria no proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación evidencia documental sobre las acciones que llevó a cabo en 2005 para combatir la elusión fiscal, en los términos señalados en el artículo siete, fracción 13, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria".En consecuencia solicitó al órgano interno de control del SAT "que en el ámbito de sus atribuciones resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no llevaron a cabo las acciones para combatir la elusión fiscal"