Entregó indebidamente financiamiento a tres partidos
Viola instituto electoral de Yucatán orden de la SCJN
El PAN analiza impugnar resolutivo contra guerra sucia
LUIS A. BOFFIL GOMEZ , FABIOLA MARTINEZ

El delegado regional del PRI, Fernando Moreno Peña, sostuvo que el gobierno de Yucatán sigue utilizando programas y recursos públicos para favorecer al candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Xavier Abreu Sierra.


Mérida, Yuc., 17 de mayo. El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) podría caer en desacato porque no respetó la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la nación el 30 de abril para que se suspendiera la entrega de prerrogativas económicas a los partidos Verde Ecologista, Convergencia y Del Trabajo, que perdieron ese derecho al no obtener en los comicios intermedios de 2004 al menos 1.5 por ciento de los votos (actualmente el mínimo es de 2 por ciento).


En la primera quincena de mayo los tres partidos mencionados cobraron en promedio 250 mil pesos para gastos de campaña, y cada uno recibió otros 100 mil pesos de dieta mensual, a pesar de que ya no tenían derecho a ello.


Mientras el Ipepac informó hoy que se dio por notificado del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para proceder contra el Partido Acción Nacional (PAN) por no haber suspendido sus espots agresivos contra el Partido Revolucionario Instituccional (PRI) y su candidata a la gubernatura, Ivonne Ortega Pacheco.


En entrevista, Marco Celis Quintal, secretario técnico del Ipepac, dijo que el siguiente paso es enviar el caso al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para que los magistrados, presididos por Yussif Heredia Fritz, analicen y, en su caso, impongan las sanciones estipuladas en el Código Electoral de Yucatán.


Según el artículo 337 del Ipepac, los partidos políticos que no respeten los acuerdos del Consejo General del organismo se harían acreedores a suspensión de prerrogativas, multas económicas y, en casos extremos, pérdida de registro.


El TEPJF dictaminó, con base en una denuncia presentada por el PRI, que el PAN no respetó el acuerdo tomado por los cinco consejeros del Ipepac para suspender los mensajes televisivos y radiofónicos que formaron parte de la llamada guerra sucia que por varias semanas fue motivo de polémica entre los partidos involucrados.


Entretanto, el TEPJF aprobó una resolución para ordenar al Ipepac tomar medidas para que los funcionarios de todas las mesas directivas de casilla tengan claro cómo se deberán contar los votos en los casos de las candidaturas comunes. La institución advirtió que no existe una previsión expresa en la ley electoral del estado.


De igual forma, revocó una resolución del Ipepac que consideraba improcedente el recurso del PRI que cuestionaba la legalidad de las precamapañas panistas. Por ello, ese órgano deberá investigar si efectivamente hubo violaciones.


Por su parte, Luis Montoya Martínez, dirigente estatal del blanquiazul, dijo que su partido podría impugnar el resolutivo del TEPJF ante la Suprema Corte.


Mientras, en Veracruz, el ex gobernador de Colima y actual delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el sureste, Fernando Moreno Peña, señaló que el mandatario yucateco, Patricio Padrón Laviada, desobedece al presidente Felipe Calderón, quien se comprometió a sacar las manos de los comicios del domingo y usa abiertamente programas y recursos públicos para beneficiar al candidato panista a la gubernatura, Xavier Abreu Sierra. Asimismo, Moreno Peña rechazó que el tricolor apueste a una concertacesión para definir al próximo gobernador de Yucatán.


En ese contexto, el Congreso de Querétaro exhortó al órgano electoral de Yucatán, así como a los gobiernos federal y estatal, a que garanticen la legalidad de los comicios para evitar acusaciones de fraude.

(Con información de Andrés T. Morales y Mariana Chávez, corresponsales)

Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox

La actitud protagónica del ex mandatario contaminó el proceso de 2006, señala
Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox
Asegura no saber quién ordenó o pagó 30 por ciento de la propaganda en medios electrónicos
ALONSO URRUTIA

Con la fiscalización de las campañas casi concluida, el presidente el Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el impacto de la mediatización de la contienda que se desprende de la indagatoria: ''Enfrentamos un fenómeno inédito por su magnitud. Hablamos de que 30 por ciento de la propaganda política que se transmitió en 2006, no sabemos quién la pagó, quién la ordenó. Eso significa que 30 por ciento del gasto en medios no está completamente comprobado''.

Dado que ''80 por ciento de los recursos de campañas se gastaron en medios, será útil reflexionar sobre estas situaciones indeseables para la democracia, que será a futuro el punto medular de la fiscalización''. Por eso, se abrirán procesos oficiosos para deslindar responsabilidades. ''¿Quién va a ser el responsable de esos 200 mil espots (sin justificar)?, es la pregunta clave para el IFE. Nosotros tenemos 30 mil dvd grabados que acreditan su difusión''.
La autoridad emplazará a los partidos, obligados por ley para rendir las cuentas; igualmente se auxiliará de autoridades federales y estatales; requerirá a los consorcios de medios de comunicación a informar sobre la ''grave enfermedad'', porque ''creo que en ellos -los medios- deberá estar el principal interés por transparentar su relación con los partidos''.

Comentarios alegóricos, irresponsables, indeseables...
En entrevista con La Jornada, Ugalde no elude referirse a otros saldos de la contienda, y en referencia al comportamiento del presidente Vicente Fox subraya: ''Su actitud protagónica, sus comentarios alegóricos, si bien no fueron ilegales sí contaminaron el proceso, contribuyeron al encono y provocaron un clima de enfrentamiento político. Fueron actitudes irresponsables, indeseables en un jefe de Estado, a pesar de que fueron legales. Me hubiera gustado que se comportara de manera ética y responsable''.

-¿Fiscalización a cambio de permanencia de los consejeros?
-Son fenómenos desligados; las decisiones no se adoptan con base en consecuencias políticas.
Sin embargo, a pregunta expresa sobre las voces que pedían su renuncia por los sucesos de 2006 sostiene que centrar la responsabilidad de lo sucedido en las personas es trivializar el debate.

Sin mediar autocrítica, Ugalde sostiene que al IFE no se le puede juzgar por haber actuado dentro de un marco legal que no estaba acorde con los requerimientos de estas campañas. ''No se puede juzgar a la autoridad con base en un reglamento idealista que hubieran querido que existiera entonces; actuamos conforme al marco legal que el Congreso determinó para 2006. Al instituto no se le puede exigir a posteriori su actuación respecto de comportamientos que no estaban previstos''.

Lo fundamental, agrega, es discutir el marco legal que hubo en 2006 y el margen que daba para arbitrar conflictos. Por qué el marco institucional generó cierta polémica y cierto comportamiento durante los procesos. Si todo se reduce a los humores de las personas estaríamos trivializando el debate, porque los consejeros actuaron conforme al marco legal vigente, aunque no quiere decir que este sea el óptimo. ''He dicho que se requieren cambios''.

-¿El saldo de la fiscalización?
-Las campañas se han ido mediatizando cada vez más. Es probable que el reporte que rendirá el IFE refleje que cerca de 80 por ciento de los gastos fueron a parar a radio y televisión, lo que significa que en realidad es una fiscalización al gasto en medios.
''Es necesario reflexionar sobre la vinculación entre medios, partidos, sociedad y los poderes del Estado. Ello será relevante para el futuro de la democracia. Hay un fenómeno inédito en donde no hay una explicación satisfactoria de los partidos e iremos al fondo''.

-¿Hubo complicidades entre medios y partidos?
-No quisiera adelantar explicaciones, sólo describir el estado de la enfermedad. No es mi papel dar una explicación, sino denunciar el síntoma de un problema de fondo.
-El IFE no tiene medidas de apremio para solicitar informes a los medios.
-Sería clave que el instituto tuviera medidas de apremio directas con los medios para hacer estas investigaciones. Mientras carezca de ellas, las facultades de investigación son limitadas; podemos hacer exhortos, solicitudes de cooperación, pero las facultades investigadoras son limitadas.

-¿Es algo similar a los impedimentos que marca el secreto bancario y que incidieron en las indagatorias a los Amigos de Fox?
-Es una analogía interesante. En materia de medios de comunicación podríamos dar mejores cuentas si tuviéramos cooperación obligatoria. Evitaría triangulaciones y habría información más directa.

-¿Se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio por parte de Televisa y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión?
-Eso habla de que un acuerdo de buena voluntad es una situación limitada para el IFE. ¿Le sirvió al instituto la información que enviaron? Sí. ¿Hubiera sido mejor tener más? Por supuesto. La solución es cambiar la ley para que haya obligaciones de los medios y entreguen la información.

-¿Detrás de los 200 mil espots no justificados podrían estar aportaciones ilegales de empresarios o bonificaciones de medios prohibidas por ley?
-De las investigaciones pueden derivarse una serie de irregularidades de partidos, delitos electorales o de otro tipo, pero el IFE no puede adelantar hipótesis, sino señalar que tenemos síntomas de una enfermedad muy grave. El hecho es que las campañas se pelean más en los medios, por ello a éstos les conviene contribuir a transparentar los recursos, porque así se mostrarán como empresas socialmente responsables.

-¿Esas empresas incidieron en la equidad de la contienda?
-Los espots corresponden a todos los partidos y a todas las campañas.
A Ugalde no le preocupa el frente común de los organismos políticos para enfrentar la fiscalización, ''porque eso habla de que realmente estamos siendo imparciales. Si hubiera queja de uno u otro podría especularse sobre parcialidad''.

Al abundar sobre el saldo de la elección, el presidente del IFE sostiene que la remoción de los consejeros sólo sería una forma de debilitar las instituciones, porque si la confianza en la autoridad de los partidos es tan volátil y cambiante, y se remueve a los consejeros cada que esto sucede, ello no fortalece a las instituciones.

A pregunta expresa sobre si Elba Es-ther Gordillo fue pieza clave en su llegada a la presidencia del instituto sostiene: ''La señora era coordinadora parlamentaria en 2003; fuera de ese momento político no ha habido ninguna influencia o intervención que haya tenido la señora Gordillo en el IFE. Hay una especulación que sugiere que esta persona tiene influencia. No he tenido ninguna comunicación, verbal o telefónica (con ella), desde hace más de dos años''.

Excélsior, Televisa y Tv Azteca, los medios beneficiados por las autoridades
Exige la Auditoría Superior sancionar a funcionarios que toleraron elusión fiscal
JUAN ANTONIO ZUÑIGA , VICTOR CARDOSO


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincar "responsabilidades administrativas sancionatorias" en contra de los funcionarios públicos que por actos u omisiones no llevaron a cabo acciones para combatir la elusión fiscal.

En el más reciente reporte de la cuenta pública, la ASF constató que los pagos por recuperación de créditos fiscales en 2005 representaron apenas 1.1 por ciento de la recaudación tributaria obtenida ese año y 1.7 del saldo de los recursos que en forma de créditos no han ingresado al erario público, cuyo monto se elevó en 100 mil 405 millones de pesos durante ese año, hasta ascender a 495 mil 807.9 millones.

El monto de los ingresos recuperados en 2005 fue de 8 mil 522 millones de pesos, indicó la ASF. Entre 2001 y 2005, precisó, "los créditos controvertidos sumados a los de baja probabilidad de cobro significaron 80.1 por ciento" del total.

En tanto, fuentes del SAT que solicitaron el anonimato informaron que Gallos Blancos de Querétaro y Santos-Laguna son dos de los cuatro clubes de futbol que, con 79 créditos fiscales, adeudaban al fisco en 2005 casi 2 mil 179 millones de pesos en impuestos no pagados.
Las mismas fuentes afirmaron que Excélsior es la compañía editorial a que hace referencia la ASF en su informe especial sobre "Créditos fiscales otorgados por el Servicio de Administración Tributaria". Esa empresa editorial, actualmente propiedad de Olegario Vázquez Raña, acumulaba 40 créditos fiscales en 2005, por un monto de 2 mil 675 millones 476 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto a las dos cadenas televisivas a que se refiere la ASF en su reporte especial, las fuentes informaron que se trata de Televisa y Televisión Azteca, las cuales "registraron créditos por mil 521 millones 821 mil 200 pesos".

En su informe de resultados, la ASF reveló también que en 2005 se determinaron 662 mil 570 créditos fiscales, de los cuales 11 mil 29 -1.7 por ciento del total- fueron otorgados a grandes contribuyentes, quienes quedaron sin pagar ese año impuestos por 37 mil 621 millones de pesos mediante ese mecanismo. Esa cantidad representó 37.5 por ciento del total, que por 100 mil 405 millones dejó de ingresar a la hacienda pública federal.

Por lo que se refiere a los "Importes recuperados de los créditos fiscales", del saldo por 8 mil 522 millones de pesos existente en 2005, la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT logró cobrar 14 millones, es decir, 0.2 por ciento del total, según el oficio número 331-SAT-V-059 del 31 de enero de 2007.

Como resultado de los trabajos de investigación sobre el "Combate a la elusión fiscal", la ASF solicitó al SAT un informe de las acciones desarrolladas en 2005 para combatir ese fenómeno. En respuesta, el SAT envió el "Reporte anual 2005 y líneas estratégicas 2006", pero en la revisión de ese reporte la Auditoría Superior de la Federación constató que "no se incluyeron las acciones y los resultados sobre la elusión fiscal que argumentó la entidad fiscalizada".

La ASF concluyó "que el Servicio de Administración Tributaria no proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación evidencia documental sobre las acciones que llevó a cabo en 2005 para combatir la elusión fiscal, en los términos señalados en el artículo siete, fracción 13, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria".En consecuencia solicitó al órgano interno de control del SAT "que en el ámbito de sus atribuciones resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no llevaron a cabo las acciones para combatir la elusión fiscal"